El 9 de junio de 1956, un año después de los bombardeos a
Plaza de Mayo y ya consumado el golpe de Estado contra el entonces Presidente
constitucional Juan Domingo Perón, los generales del Ejército Juan José Valle y
Raúl Tanco lideraron un levantamiento armado que intentó reponer al líder de
los trabajadores al frente del gobierno. Las fuerzas del dictador Pedro Eugenio
Aramburu sofocaron la revuelta con una masacre en la que fueron fusiladas 32
personas desde la madrugada del 10, en los basurales, hasta el 28 de junio, con
la simulación de un suicidio por ahorcamiento en una comisaría de Lanús.
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| Juan José Valle |
El general Eduardo Leonardi, un nacionalista católico que
había asumido la presidencia tras el golpe, resultó desplazado en noviembre de
1955 por el tándem que formaban Aramburu y el almirante Isaac Rojas, quienes
aspiraban a profundizar la desperonización del país.
Las garantías consagradas en la Constitución de 1949
quedaron conculcadas y se aplicó el decreto 4161, que prohibía mencionar a
Perón y exaltar los símbolos del justicialismo depuesto.
Además, Aramburu congeló salarios y propició el ingreso del
país al Fondo Monetario Internacional (FMI), que le recomendó ejecutar una
política de ajuste a cambio de prestarle asistencia financiera.
Ese contexto generó un clima de creciente malestar entre la
clase trabajadora y constituyó el caldo de cultivo de la rebelión que
encabezarían Valle y Tanco, secundados por los coroneles Oscar Cogorno,
Alcibíades Cortínez y Ricardo Ibazeta.
Carlos Livraga, sobreviente de los fusilamientos de José
León Suárez y uno de los que permitió la reconstrucción de los hechos, recibido
en la Casa Rosada por el presidente Néstor Kirchner, en 2007.
Carlos Livraga, sobreviente de los fusilamientos de José
León Suárez y uno de los que permitió la reconstrucción de los hechos, recibido
en la Casa Rosada por el presidente Néstor Kirchner, en 2007.
El movimiento estaba infiltrado por agentes del gobierno,
que el 8 de junio ordenó numerosas detenciones entre gremialistas y activistas
con el propósito de restarle sustento social al pronunciamiento.
Ese mismo día, Aramburu viajó a Santa Fe, pero antes de
partir dejó preparados los decretos 10.362, 10.363 y 10.364, que establecían la
Ley marcial y la pena de muerte, pero que serían publicados en el boletín
oficial una vez producida la rebelión.
La señal para el inicio de la sublevación se daría por
radio, durante la transmisión de la pelea de box entre Eduardo Lausse y el
chileno Humberto Loayza, que se celebraba en la noche el sábado 9 de junio en
el Luna Park.
El alzamiento se verificó en Campo de Mayo, la Escuela de
Mecánica del Ejército, los Regimientos 2 de Palermo y 7 de La Plata, y en
Viedma, Rosario, Rafaela y Santa Rosa, La Pampa.
En una casa de la localidad bonaerense de Florida, en el
norte del Gran Buenos Aires, fueron detenidos varios civiles, algunos se
aprestaban a facilitar respaldo operativo a la rebelión, otros, en cambio, se
encontraban allí de forma circunstancial para escuchar la pelea de Lausse.
Esas normas fueron creadas para aplicarse de manera
retroactiva, en una clara violación de los principios del derecho penal, ya que
los fusilamientos estaban decididos de antemano.
En la madrugada comenzaron las ejecuciones de los detenidos,
y el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, al mando de la Policía de la
provincia de Buenos Aires, le ordenó al comisario
Rodolfo Rodríguez Moreno fusilar a los detenidos de Florida,
que se encontraban en una comisaría de San Martín.
Los 12 detenidos fueron llevados a los basurales de José
León Suárez, donde cinco fueron asesinados por las balas policiales y los otros
siete lograron escaparse.
En la mañana, un tribunal militar presidido por el general
Juan Carlos Lorio realizó un juicio sumario a militares sublevados y concluyó
que los detenidos, aunque “culpables del delito de sedición”, no debían ser
fusilados.
Aramburu le ordenó al tribunal que rectifique su fallo y
Lorio le pide al mandatario que manifieste por escrito su decisión de ejecutar
a los detenidos.
El militar que ejercía la presidencia le contestó con la
elaboración de una lista de 11 militares rebeldes que horas más tarde fueron
pasados por las armas.
Ante la muerte de sus camaradas, Valle, escondido en una
casa de la calle Corrientes, decidió entregarse a condición de que se detuviera
la represión.
El general peronista fue conducido al Primer Cuerpo de
Ejército, en Palermo, donde tras un juicio sumario se lo condenó a morir frente
a un pelotón de tiradores.
Valle fue asesinado el 12 de junio, pasadas las 22, en la
Penitenciaría ubicada en la calle Las Heras, sin que medie una orden de
ejecución escrita.
Por su parte, Tanco se refugió en la embajada de Haití, pero
el coronel Domingo Cuaranta irrumpió en la delegación diplomática y lo
secuestró a punta de pistola.
Frente a las protestas del diplomático caribeño Jean Briere,
el gobierno se vio obligado a respetar el derecho de asilo y le permitió al
general volver a la delegación.
Días después, en un café de La Plata, un periodista
interrumpirá la partida de ajedrez que jugaba contra un parroquiano al escuchar
una frase inquietante: “Hay un fusilado que vive”.
En base a ese rumor, Rodolfo Walsh dio con Carlos Livraga, y
con su testimonio el periodista reconstruyó la historia de los fusilados de
José León Suárez y plasmó sus padecimientos en el
libro “Operación Masacre”.
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